El presente artículo analiza y reflexiona, usando las herramientas conceptuales de la legisprudencia, la reforma del delito de colusión producido entre junio y julio de 2011, que a la fecha tiene sus efectos; se enfoca en resaltar la importancia del debate parlamentario que, en el casoº concreto, más allá de sus defectos, tuvo la virtud de poner luz sobre los los temas centrales de la reforma; también se resalta la falta de una evaluación ex ante y ex post de la reforma y se muestra el marco desproporcionado, como fichas que no cuadran, de los tipos penales que han quedado en juego a raíz de esta reforma, a lo que se suma la intervención del Tribunal Constitucional que ha contribuido en este desajuste. En suma, se intenta llamar la atención de la necesidad de enriquecer los procesos de reforma penal con las herramientas de la legisprudencia, usando para el efecto un caso concreto.